Stephen Miller, principal asesor del expresidente Donald Trump en temas migratorios, lanzó una organización no gubernamental con la finalidad de acudir al sistema judicial para revertir las políticas del mandatario Joe Biden en diversas áreas de política pública.

“Quienes creemos en Estados Unidos Primero no debemos privarnos de usar nuestro sistema legal para defender nuestra sociedad y nuestras familias ante cualquier acción ilegal de la izquierda”, dijo Miller en un comunicado reseñado por numerosos medios de comunicación. “Quienes desean pedirle cuentas al nuevo gobierno en Washington finalmente tienen su respuesta. Nuestra política asumida por cuenta propia de desarme legal finalmente terminó”.
Biden ha emitido numerosos decretos para revertir políticas de Trump en el ámbito migratorio y el ambiental. Y ya enfrenta demandas de fiscales generales republicanos que buscan detener sus decisiones.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, interpuso una demanda contra una moratoria de 100 días para la deportación de algunos inmigrantes indocumentados.

Además de Miller, el sitio web de America First Legal muestra a otros exfuncionarios del gobierno de Trump como directores. Todos son hombres caucásicos.

Ellos son el exjefe de gabinete, Mark Meadows; el ex fiscal general interino, Matthew Whitaker; el exdirector de la Oficina de Presupuesto, Russ Vought; y el exasesor legal del fiscal general, Gene Hamilton.
Otros directores son el presidente del Conservative Partnership Institute, Ed Corrigan; y el jefe de operaciones del Conservative Partnership Institute, Wesley Denton.

“Como sabemos, la Izquierda Radical ha sido incesante al librar sus batallas ante las cortes. Los conservadores y defensores de (movimiento) Estados Unidos Primero necesitan desesperadamente ponerse al día y revertir la situación, por lo cual aplaudo a Stephen y a Mark Meadows por apresurarse a llenar este vacío clave”, escribió Trump en un comunicado citado por la televisora CBS.

Miller fue el artífice de ” Tolerancia Cero” y otras medidas muy restrictivas contra la inmigración legal e ilegal, las cuales fueron objeto de numerosas apelaciones ante los tribunales interpuestas por organizaciones liberales.

Nada más la American Civil Liberties Union (ACLU) interpuso 400 demandas en contra de políticas adoptadas por Trump, incluyendo una que dio pie a un fallo de la Corte Suprema impidiendo al gobierno de Trump incluir una pregunta sobre nacionalidad en el censo.

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