Corte Suprema determina que argumentar riesgo de muerte no garantiza un asilo

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Por unanimidad, los magistrados del máximo tribunal de justicia anularon una regla emitida por la Corte de Apelaciones del 9o. Circuito que protegía a los inmigrantes que alegaban que sus vidas corrían peligro si eran deportados. Ahora serán los jueces quienes determinarán si los argumentos ventilados son válidos o, en caso contrario, emitan una orden de deportación.

La Corte Suprema de Justicia dictaminó, por unanimidad el martes (9-0), que el testimonio que entregan los inmigrantes cuando piden asilo, de que sus vidas corren peligro en sus países de origen, no garantiza que el relato sea considerado creíble.

Con esta decisión, el máximo tribunal de justicia anuló dos decisiones emitidas por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco (California).

El magistrado Neil Gorsuch, encargado de emitir la opinión unánime de laCcorte, escribió que el 9º Circuito había aplicado “durante mucho tiempo una regla especial de inmigración que se encontraba en disputa”.

Al menos 12 jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito estaban de acuerdo con esa regla.

Pero Gorsuch dijo que la totalidad de la Corte Suprema “objetó la regla”, dejando en manos del juez la decisión sobre este asunto, lo que podría resultar en la negación del asilo de miles de casos que aguardan ser atendidos en la Corte de Inmigración.

“Se trata de una decisión unánime. La Corte Suprema derogó una decisión del 9º Circuito de Apelaciones que establecía una regla para los solicitantes de asilo en Estados Unidos”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

Guerrero dijo además que “el fallo es un duro golpe para los inmigrantes que buscan asilo porque estarán sujetos a más cuestionamientos para determinar la credibilidad de su testimonio”.

Alcaraz-Enríquez, de nacionalidad mexicana, fue detenido en la frontera. Cuando iba a ser deportado, declaró que su vida o su libertad se verían amenazadas en ese país…

La falta originó en una sentencia de 2 años de cárcel, un crimen que a juicio de los magistrados constituye “un delito particularmente grave”.

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