La Corte Suprema de justicia escuchó este lunes los argumentos de una larga disputa jurídica en torno a si ciertos titulares del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protection Status -TPS-) califican para convertirse en residentes legales permanentes (LPR). La decisión sobre este caso se conocerá en el verano, pero al parecer se inclina por la no regularización de los inmigrantes con TPS.

La batalla judicial se inició en 2015 cuando José Sánchez y Sonia González, dos inmigrantes de origen salvadoreño que llevaban casi 15 años amparadas bajo el programa, solicitaron la Green Card a través de su empleador y el trámite les fue rechazado.

El caso lo heredó la administración Biden del anterior gobierno, pero el Departamento de justicia ha mantenido la misma posición, en este caso.

En una sesión vía telefónica, los jueces de la Corte Suprema parecían inclinarse a favor del argumento presentado por el gobierno de Biden acerca de que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que entraron ilegalmente en el país y que ahora tienen el TPS solicitar “tarjetas verdes” para permanecer en el país de forma permanente.

Se estima que unos 400,000 inmigrantes indocumentados están protegidos por el TPS. La mayoría de ellos son de origen centroamericano (El Salvador, Honduras y Nicaragua).

El juez Brett Kavanaugh dijo que la corte debería ser “cuidadosa en cuanto a jugar con los estatutos de inmigración tal como están escritos”, especialmente cuando el Congreso podría actuar.

“Pero a manera de panorama general, ¿por qué deberíamos intervenir aquí cuando el Congreso está muy centrado en la inmigración?”, preguntó Kavanaugh, según reporta la AP.

La jueza Amy Coney Barrett preguntó al abogado del gobierno Michael R. Huston si el gobierno había cambiado su posición sobre si la ley era clara o ambigua. Luego, el juez Kavanaugh sugirió tres formas en las que el gobierno podría ganar el caso, y Huston optó por la que parecía ser la menos vinculante.

Huston destacó que muchas personas con estatus de protección temporal pueden solicitar la residencia permanente, siempre y cuando hayan entrado al país legalmente. “Tienen que haber sido admitidos como estudiantes o au pair o trabajadores temporales o algo así”, dijo.

Hasta ahora tres cortes de apelaciones han determinado que los beneficiarios del TPS casados con ciudadanos estadounidenses o tienen hijos mayores de 21 años nacidos en Estados Unidos pueden ser reclamados para recibir la tarjeta verde.

Otras dos cortes de apelaciones han fallado en contra, lo que derivó el caso al máximo tribunal de justicia y que en enero anunció la revisión.

El TPS difiere temporalmente de la reportación y otorga a los beneficiarios una autorización de empleo (permiso de trabajo) válida por el mismo tiempo.

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