Inmigrantes, principales víctimas del robo de salarios

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Audelia Molina, una inmigrante mexicana, ganaba 10 centavos por cada prenda que recortaba en un taller de Los Ángeles, la capital de la confección de prendas de vestir de Estados Unidos. Su sueldo era tan bajo que empezó a trabajar 11 horas diarias para aumentar su producción. Cuando pidió un aumento, su supervisor se lo negó, por lo que ella renunció en julio del 2017 y acudió a un abogado laboral para que la ayudase a radicar una demanda por salarios impagos ante la Comisión del Trabajo de California.

Un año después, la justicia falló que Molina cobraba un promedio de 199 dólares a la semana, lo que violaba las leyes laborales, incluidas las que rigen el pago de horas extras y las que disponen que una persona debe ganar al menos el sueldo mínimo del estado, que era de 10,50 dólares la hora. El antiguo patrón de Molina, sin embargo, no le pagó los 23.000 dólares que le debía ni los servicios de los abogados. Su mejor opción era solicitar ayuda de un fondo del estado para trabajadores del sector que fueron robados.

Le tomó más de dos años a Molina recibir su cheque y su antiguo patrón todavía no reembolsó al fondo estatal, como requiere la ley.

Molina, quien lleva 30 años viviendo en California, se vio envuelta en un ciclo tóxico que existe desde hace siglos: Los inmigrantes se encargan de los oficios peor pagados y más arduos, y son las principales víctimas de patrones que no pagan salarios justos. Y cuando acuden a los tribunales o hacen reclamos ante las autoridades, como en el caso de Molina, generalmente reciben una compensación menor que la que les correspondía con tal de cobrar más rápido o se embarcan en procesos inacabables.

“Te pagan lo que quieren”, dijo Molina, quien hoy tiene 58 años. “Lo único que les importa es que se haga el trabajo lo más rápidamente posible”.

Igual que los ciudadanos estadounidenses, los no ciudadanos cuyos empleos están amparados por el Fair Labor Standards Act (Ley de Normas Laborales Justas) tienen derecho a cobrar horas extras después de trabajar 40 horas semanales y a un sueldo mínimo. Pero no es inusual que un inmigrante, tenga permiso de residencia o no, sea intimidado por el patrón —lo que es ilegal— cuando trata de hacer valer sus derechos.

El Departamento del Trabajo no pregunta a las víctimas de presunto robo de salarios si son inmigrantes o no. Afirma que analiza los casos sin importar el status inmigratorio de los trabajadores.

Pero un análisis que hizo el Center for Public Integrity (Centro por la Integridad Pública) de estadísticas del Departamento del Trabajo y de la Oficina del Censo indicó que los sectores que más inmigrantes emplean tienen los índices de robo de salarios más altos.

A nivel nacional, el 16% de los trabajadores de Estados Unidos nacieron en el exterior. Pero en el área de corte y cosido de ropa, los inmigrantes constituyen el 42%. Es uno de los sectores con mayor porcentaje de extranjeros.

El análisis del Centro por la Integridad Pública comprobó también que es el sector con el segundo promedio más alto de violaciones a las leyes salariales en los últimos 15 años.

Otros sectores con gran cantidad de trabajadores inmigrantes y alta incidencia de robo de salarios son el de la agricultura, el mantenimiento de edificios y los trabajos en hoteles, restaurantes y otros servicios alimenticios. En algunas regiones, también hay alta incidencia de robo de salarios en el área de la construcción, los geriátricos, los depósitos y el lavado de autos.

La principal central obrera del país, AFL-CIO, dice que es fundamental legalizar el status de los millones de inmigrantes sin permiso de residencia para combatir el robo de salarios. Después de años de parálisis, los demócratas que controlan el Congreso tienen problemas para sacar adelante propuestas que despejarían el camino de muchos inmigrantes que llevan años viviendo en el país para que regularicen su status.

“La inmigración es una parte integral del crecimiento económico del país”, señaló un informe del 2016 de la Academia Nacional de Ciencias. “Si la economía estadounidense crece y requiere de más trabajadores para reemplazar a los que se jubilan y para crear nuevas empresas e industrias, la principal fuente de empleados serán los inmigrantes de primera y segunda generación”.

En Los Ángeles, nadie cuestiona que los trabajadores sin permiso de residencia constituyen un porcentaje importante de los 45.000 inmigrantes latinoamericanos y asiáticos que trabajan en los talleres que confeccionan la ropa que termina en las estanterías de muchas cadenas de prendas finas y otras tiendas. Cuando surgió la pandemia del COVID-19 el año pasado, muchos trabajadores del sector produje tapabocas y otro equipo protector. Unos 300 trabajadores contrajeron el virus en una fábrica, Los Ángeles Apparel, y seis de ellos fallecieron.

“La pandemia puso de manifiesto el hecho de que una gran cantidad de trabajadores inmigrantes, sobre todo indocumentados, son trabajadores esenciales”, declaró Victor Narro, director de proyectos del Centro Laboral de Los Ángeles (Labor Center) de la Universidad de California con sede en Los Ángeles. “¿Qué vamos a hacer por ellos ahora?”, preguntó.

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Este despacho fue suministrado a la Associated Press por el Center for Public Integrity, una organización noticiosa sin fines de lucro de Washington, D.C.

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