La Casa Blanca se prepara para publicar nueva regla de asilo en la frontera con México

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Cinco meses después de que Biden ordenara que revisen los mecanismos para “garantizar” que los refugiados y solicitantes de asilo tengan acceso a vías legales, el gobiermo anunció que se prepara para publicar un nuevo reglamento en el Registro Federal.

Cinco meses después de que el presidente Joe Biden ordenara a los secretarios de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) que revisen los mecanismos para “garantizar” que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan acceso a vías legales, la Casa Blanca anunció que se prepara para publicar un nuevo reglamento en el Registro Federal.

El viernes la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca publicó un anuncio en el que anticipa que pronto solicitará comentarios del público sobre las nuevas reglas que normarán el sistema de asilo.

La norma revertirá las prohibiciones decretadas durante el gobierno de Donald Trump que formaron parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, enfocadas en detener la inmigración indocumentada y afectar la inmigración legal, entre ellos el asilo, un recurso legal disponible.

En abril la Casa Blanca dijo que estaba considerando una revisión del sistema de asilo en la frontera con México como parte de las medidas para resolver la crisis y, al mismo tiempo, descongestionar la Corte de Inmigración (EOIR), que tiene acumulados más de 1.3 millones de casos.

La reversión de las normas aprobadas por el gobierno anterior, más de 400 según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés), fueron ordenadas por el presidente Joe Biden el 20 de enero, tras la firma de una orden ejecutiva que puso fin al decreto 13768 del 25 de enero de 2017 que criminalizó la estadía indocumentada y estableció nuevas y severas prioridades de deportación.

El decreto de Biden también dejó sin efecto las denominadas ciudades santuario y ordenó la revisión de cualquier acción que hubiese afectado el debido proceso migratorio.

Biden precisó en esa ocasión que los inmigrantes “han ayudado a fortalecer las familias, las comunidades, las empresas, la fuerza laboral y la economía de Estados Unidos, infundiendo al país creatividad, energía e ingenio”.

La orden añadió que “la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración es compleja y requiere establecer prioridades para servir mejor al interés nacional”. Indica además que la política del gobierno “es proteger la seguridad nacional y fronteriza, abordar los desafíos humanitarios en la frontera sur y garantizar la salud y la seguridad públicas”.

“El gobierno de Biden ha sido extremadamente activo en la esfera de inmigración y ha hecho, por decreto, más de 140 cambios en las políticas migratorias”, dijo Jessica Bolter, del MPI citada en un reporte del diario Los Ángeles Times.

Entre los principales cambios se cuenta la anulación de la orden ejecutiva 13768, la cancelación del Programa de Protección del Migrante (MPP, que entre 2019 y 2020 devolvió a México unos 70,000 solicitantes de asilo en Estados Unidos), la devolución a los jueces y funcionarios de inmigración la capacidad de discreción para cerrar y revisar casos de deportación, nuevas prioridades de deportación y recientemente el anuncio de no detener a inmigrantes embarazadas, post parto y lactantes.

El 2 de febrero, tras la forma de tres órdenes ejecutivas, la Casa Blanca dijo que la nueva política migratoria tenía como objetivos:

Crear una fuerza de trabajo para la reunificación de familias separadas forzosamente por el gobierno de Trump al momento de pedir asilo en la frontera;
Crear un marco de trabajo integral para ver las causas de la inmigración hacia Estados Unidos y crear un proceso seguro para las personas que buscan asilo; y
Restaurar la fe en el sistema migratorio legal y fortalecer los esfuerzos de inclusión para los nuevos ciudadanos estadounidenses.

Los pasos dados hasta ahora por el gobierno de Biden son “aplaudidos” por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, activistas y abogados. Pero coinciden en señalar que los daños causados por el gobierno anterior al debido proceso “demorarán en ser revertidos en su totalidad”.

“Hay que estar vigilantes”, dice Lilia Velásquez, abogada y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Si bien los pasos que el gobierno ha dado hasta ahora son positivos, nunca vamos a llegar a tener el sistema que regía antes, donde no era tan demorado como lo es ahora”.

Velásquez dijo además que “para que el sistema de asilo sea perfecto, no creo que el Congreso deba dictar las normas. La ley de asilo existe y está de acuerdo con la ley internacional de refugio. Lo que el gobierno debe hacer es cumplir con las regulaciones”.

En cuanto a las personas que pidieron asilo y sus casos fueron desestimados durante el gobierno de Trump, Velásquez dijo que “no podemos ignorar que muchas de las personas que fueron deportadas o sus casos de asilo negados bajo el MPP, tuvieron audiencias programadas con el propósito de negarles el beneficio del asilo”.

En febrero el gobierno de Biden anunció que, de los casi 70,000 casos de asilo bajo el MPP, unos 25,000 se encontraban activos. Los restantes 45,000 quedaron inactivos por diversas causas, entre ellas por el envío de Notificaciones de Comparecencia (NTA) mal escritas, fraudulentas y que nunca llegaron a su destino y los jueces de inmigración emitieron órdenes de deportación en ausencia.

“No sabemos por ahora si todos ellos van a tener sus audiencias para que un juez de inmigración resuelva sus permanencias o sus casos de asilo”, dice Velásquez.

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