La regla de carga pública reactivada en marzo tiene barreras, pero menos rígidas que antes

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Un reciente informe publicado por The Urban Institute reveló que inmigrantes adultos con familia que se vieron profundamente afectados por la pandemia del coronavirus (p´rdida de empleo y contagiados por covid-19), evitaron acceder a beneficios sociales por miedo a ser considerados carga pública.

Un reciente informe publicado por The Urban Institute reveló que inmigrantes adultos con familia que se vieron profundamente afectados por la pandemia del coronavirus, evitaron acceder a beneficios sociales por miedo a ser considerados carga pública.

El reporte señala que la regla de carga pública activada durante el gobierno de Donald Trump redujo la petición de ayuda al gobierno, al tiempo que aumentó la brecha de inseguridad alimentaria, acceso a la salud en medio de la pandemia y profundizó las necesidades básicas de inmigrantes vulnerables.

Pero en marzo de este año, tras un año de controversias y disputas jurídicas, Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin de esa regla y el restablecimiento de la norma aprobada en 1999 .

La decisión fue adoptada tras una revisión solicitada en enero por el presidente Joe Biden, quien pidió a miembros de su gabinete delinear una política migratoria enfocada en los “valores” de la nación y no castigar a quienes “acceden a beneficios de salud y otros servicios gubernamentales disponibles”.

Pero aunque la regla de Trump fue eliminada, “recuerden que la carga pública sigue existiendo”, advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

Gálvez dijo además que “lo importante es conocerla. Y cuando deba llenar un formulario, no mienta, porque eso puede implicar la comisión de fraude. Y si lo hayan culpable de fraude y un juez le ordena una restitución de $10,000 o más, esa falta se convierte en felonía (un delito mayor agravado) para la que no existe perdón”.

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